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Sevilla

Espadas anuncia un nuevo modelo de contratación pública con cláusulas sociales

El alcalde apuesta por activar las empresas de inserción social, que "llevan años trabajando con estos colectivos en riesgo", como "único modo" de conseguir que las cifras del paro empiecen a cambiar

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El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha anunciado la aprobación inminente de un nuevo modelo de contratación pública que introduzcan cláusulas sociales; mientras que apuesta por activar las empresas de inserción social, que "llevan años trabajando con estos colectivos en riesgo", como "único modo" de conseguir que las cifras del paro empiecen a cambiar.

   Antes de inaugurar el I Encuentro Nacional sobre Participación Social y Trabajo en Red en Zonas Vulnerables, junto al secretario general de Empleo, Julio Coca, Espadas ha explicado que la Junta de Gobierno Local analizará este viernes ese nuevo modelo de contratación que será presentado para su aprobación en el próximo pleno municipal.

   "Tenemos que tomar decisiones contundentes y tenemos muy claro que si queremos otros resultados en el territorio y cambiar las cifras de desempleo, hay que hacer otro tipo de política activa de empleo, como convertir en prioridad en los contratos públicos las cláusulas sociales", añade.


   Así, ha asegurado que no puede suceder cosas como la de Los Pajaritos, donde el anterior gobierno "no introdujo ninguna cláusula para que la empresa contrate a personas en riesgo". "No caben las palabras ni el humo, sino los hechos", sentencia, tras incidir en que la Delegación de Empleo está trabajando en la redacción un pliego de cláusulas sociales y administrativas "de verdad" donde se introduzcan criterios de sostenibilidad, sociales, económicos y ambientales.

   De este modo, considera que se incorporarán avances normativos y la experiencia de otros ayuntamientos, como el de Villamanrique, para contar con un modelo de adjudicación "moderno". Las cláusulas se dirigen a la responsabilidad social, además de eficiencia y mejora ambiental, como la compra responsable, así como introduce elementos sociales, como la atención prioritaria a colectivos en riesgo de exclusión social.

   "No podemos rebasar la legalidad ni decir a una empresa que contrate a 'A', 'B' o 'C', pero sí podemos poner las condiciones en las que queremos que se desarrolle el servicio, baremando o priorizando determinados perfiles. Es un asunto de voluntad política. No se puede primar el beneficio económico ante el social", concluye.

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